OEA y Coalición por Venezuela realizan diagnóstico sobre migración en tiempos de Covid

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5.1 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años. Los principales destinos de este movimiento humano han sido Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Sin embargo, con el contexto global que ha provocado la pandemia del Covid-19, con casi 15 millones de casos y más de 600 mil muertes a nivel mundial, las condiciones para los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela se han visto en jaque. Sobre todo, por las medidas de contingencia (cierres de fronteras, cuarentenas obligatorias, etc.) que los países han implementado para hacerle frente a esta situación.

Teniendo en cuenta el contexto anterior y las dificultades que este impone a la población migrante y refugiada en el continente, la Oficina de la Secretaría General de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil en 23 países del continente, se reunieron y analizaron la problemática durante 13 sesiones. El resultado es el documento Propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco del Covid-19.

Este es un panorama de la situación de esta población en el continente americano, además de una recopilación de necesidades identificadas, desafíos actuales y recomendaciones hechas para hacerle frente a los estragos ocasionados por el Covid. Las temáticas analizadas en este documento son: acceso a la salud, educación, derecho a la vida, vivienda, alimentación, trabajo y la salvaguarda de los medios de vida.

De este modo, el documento hace llamados urgentes como el avanzar en mecanismos de regularización para que los migrantes y refugiados venezolanos puedan acceder, sin trabas, a servicios de salud; integrar a profesionales del vecino país dentro de los cuerpos médicos; asegurar la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, sobre todo en épocas de educación virtual (protegiendo su derecho al estudio mediante acceso a internet y dispositivos); avanzar en la homologación de títulos para que las personas puedan ejercer sus profesiones; permitir el fácil acceso a sistemas bancarios y crediticios; garantizar y proteger los derechos, la seguridad y la vida de quienes cruzan la frontera; combatir la xenofobia; impulsar iniciativas que aseguren acceso a agua, alimentos y medicinas, en especial para las poblaciones más vulnerables; evitar los desalojos de los hogares; etc.

Sobre este texto, retos y recomendaciones, habla Juan Viloria, coordinador general de la Coalición por Venezuela. En su opinión “este documento es importante como una herramienta de interlocución entre la sociedad civil organizada, cooperación internacional y los gobiernos, en medio de esta contingencia por Covid-19. Debe procurarse un mayor y mejor acceso a derechos fundamentales, como lo son la salud, la vivienda, la alimentación, el empleo, la educación, entre otros”.

Señala la importancia de que diferentes niveles, estamentos, organizaciones y cooperantes se articulen para dar una respuesta satisfactoria a las dificultades encontradas y expuestas. “Nos encontramos en medio de una crisis de protección internacional. Debemos tomar esta coyuntura como la gran oportunidad de brindarle a las comunidades más vulnerables los mecanismos para salir adelante. Somos un motor de progreso y desarrollo que permitirá mejorar y fortalecer la cohesión social”, opina Viloria.

El diagnóstico y recomendaciones se hacen de manera general en el continente americano. Sobre algunos de estos temas, Colombia ha hecho avances significativos para proteger y salvaguardar las vidas de los migrantes venezolanos. Por ejemplo, en el tema de alimentación el Gobierno entregó 200 mil mercados en 71 municipios claves, beneficiando a cerca de un millón de personas. De igual modo, en el tema salud se han dispuesto directrices para atender a venezolanos en el territorio en caso de tener sospechas de Covid-19, estén o no regularizados. Ante las posibilidades de ser desalojados de sus viviendas, el decreto 579 del 15 de abril de 2020 prohibió los desalojos. Y si bien esta medida era transitoria y ya se venció, ante una situación así cualquier persona, migrante o no, puede dirigirse a la Personería para recibir orientación y protección.

Se puede conocer, descargar y leer este documento a través del link: http://www.oas.org/documents/spa/press/Propuestas-OEA-y-Coalicion-por-Venezuela_esp.pdf

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